sábado, 22 de octubre de 2011

¡Qué difícil es!



Cómo es posible que aquellos que siguen a Jesús de Galilea, el que dijo “Dad al Cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es de Dios”, el que murió por defender a los que no tienen, el que vivió entre marginados, prostitutas y parias, el que vivió enfrentado al poder establecido y a la justicia, el que nunca poseyó riquezas y vivió de una manera humilde. Pues bien, esos que hoy lo siguen y se visten de púrpura.
Defienden todo lo contrario que ese hombre o Dios defendió en su vida. La conferencia Episcopal vuelve a la carga antes de una elecciones para apoyar al PP sin miramiento, una vez más la iglesia oficial hace “la Cruzada” junto a los poderosos y sus representantes en el parlamento.
Leer este artículo de El Publico, no tiene desperdicio.
Ni siquiera el anuncio del fin de la violencia de ETA consiguió que los obispos variaran un ápice sus propósitos. El objetivo de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal española, reunida esta semana en Madrid, no era otro que apuntalar su maridaje con el Partido Popular, a la vez que recordar a los católicos y al propio Mariano Rajoy cuáles son los "principios irrenunciables" para la Iglesia sin los cuales ningún católico podría votar el 20-N. Y a fe que lo consiguieron.
La defensa del matrimonio tradicional, la marcha atrás en la reciente ampliación de la Ley del Aborto, el no rotundo a iniciativas como la Muerte Digna o la investigación con embriones, la derogación de Educación para la Ciudadanía o la condena del nacionalismo forman parte del "programa electoral" que anunció ayer el Episcopado. Una institución que no se presenta a las elecciones y que, oficialmente, no ve un "partido confesional" en España.
La Iglesia española entra de lleno en campaña a un mes de las elecciones.
A diferencia de otras contiendas electorales, en las que los obispos se mostraban más comedidos y sólo apuntaban una serie de recomendaciones generales además de apuntar la posibilidad de la abstención o el voto en blanco, en esta ocasión la nota episcopal desbroza, en diez puntos, el perfil del partido al que el católico de bien debe prestar su voto en las generales para alcanzar "el bien posible en este momento", según apuntó el portavoz episcopal, Juan Antonio Martínez Camino. Un perfil que coincide, casi al completo, con el que se esfuerza en presentar el PP de Mariano Rajoy.
Atención, peligro ...
Pese a no "entrar en opciones de partido", la Conferencia Episcopal sí advierte del "peligro que suponen determinadas opciones legislativas que no tutelan adecuadamente el derecho fundamental a la vida", así como la justificación de cualquier matrimonio fuera del tradicional o la "imposición ideológica" del Estado en la educación.
Por primera vez el episcopado no defiende la opción de la abstención.
"Las decisiones políticas deben ser morales y justas, no sólo consensuadas o eficaces", sostiene el texto episcopal, que insiste en que "no es cierto que las disposiciones legales sean siempre morales y justas por el mero hecho de que emanen de organismos legítimos".
El texto arranca recordando "el ejercicio responsable del deber de votar".
En anteriores comicios, los obispos habían defendido la posibilidad del voto en blanco o la abstención, que en la nota actual ni siquiera se menciona. Sí se apuntan los discursos del papa Benedicto XVI para argumentar que "cada uno deberá sopesar en conciencia a quién debe votar para obtener, en conjunto, el mayor bien posible en este momento".
Tras el llamamiento a la conciencia, las normas a cumplir. La más importante, que antes de las decisiones de la mayoría, está una determinada moral, la impuesta por la Iglesia. "Las decisiones políticas deben ser morales y justas, no sólo consensuadas o eficaces", resaltan los obispos, quienes insisten en que "no es cierto que las disposiciones legales sean siempre morales y justas por el mero hecho de que emanen de organismos políticamente legítimos". Todo lo que no cumple con la "ley natural" no debe ser acatado por los católicos.
Reclaman al nuevo Gobierno normas que corrijan la actual legislación.
La mayor preocupación de la Iglesia española está en leyes como las del aborto, la eutanasia o la investigación con embriones. En este punto, los obispos llaman la atención del "peligro que suponen determinadas opciones legislativas que no tutelan adecuadamente el derecho fundamental a la vida de cada ser humano, desde su concepción hasta su muerte natural, o que incluso llegan a tratar como un derecho lo que en realidad constituye un atentado contra la vida". El Episcopado llega a tachar de "peligrosos y nocivos para el bien común" la equiparación de las bodas gay y las tradicionales. Para los obispos, dichos "ordenamientos legales no reconocen al matrimonio en su ser propio específico", esto es, la "unión firme de un varón y una mujer ordenada al bien de los esposos y de los hijos". Ante esto, exigen que el nuevo gobierno promueva "nuevas leyes que reconozcan y tutelen mejor el derecho de todos a la vida, así como el derecho de los españoles a ser tratados por la ley específicamente como "esposo" y "esposa", en un matrimonio estable".
Los "desvíos" de las finanzas.
En cuanto a la crisis, los obispos se limitan a reclamar "políticas sociales y económicas responsables" y "trabajo para todos", así como iniciativas "que corrijan los errores y desvíos cometidos en la administración y en las finanzas".
En materia educativa los obispos arremeten contra lo que consideran "imposiciones ideológicas del Estado" que a su juicio lesionan "el derecho de los padres a elegir la educación filosófica, moral y religiosa que deseen para sus hijos", en una clara alusión a la polémica Educación para la Ciudadanía, materia que llevó a los obispos a salir a la calle en manifestación en otoño de 2005. En cambio, el Episcopado exige que se mantenga "la presencia de la enseñanza de la religión y moral católica en la escuela estatal como asignatura fundamental opcional".
Uno de los puntos más polémicos es el referido al nacionalismo. Los obispos le conceden "legitimidad moral" si utilizan "métodos pacíficos", pero denuncian las "pretensiones separatistas" porque, como añadió posteriormente Martínez Camino, "la Constitución es una responsabilidad moral".

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